Ley de Educación Nacional

De discursos, maquillajes y artilugios de conservación en la propuesta del documento para una Ley de Educación Nacional.

Por María Susana Puebla

Las políticas educativas llevadas adelante por los gobiernos peronistas desde la década del 90 hasta la fecha, presentan lineamientos de continuidad en la orientación y en las prácticas, si bien se revisten con ropajes diferentes. La legislación en educación cobra en Argentina una significación especial por la presencia histórica de la Ley 1420, que como instrumento legal organizó y sentó las bases para un sistema educativo de calidad y promovió o se puede entender que instala en la cultura política argentina, a la educación como derecho universal de los ciudadanos.

La ley 1420 sólo de aplicación en la jurisdicción nacional, de acuerdo a nuestro régimen federal, pretendió reemplazarse por la Ley Federal Nro 24.195, que, como es de público reconocimiento, tuvo consecuencias notablemente perjudiciales para la calidad institucional, para la organización del mismo sistema educativo y para el nivel de educación de la población en general, si bien aún no se ha realizado el diagnóstico apropiado que muestre los reales efectos producidos.
Reconociendo este fracaso, el PEN propone un documento base para otra Ley de Educación Nacional apoyándose en el art. 75. inc.19 de la Constitución Nacional
1, que da competencia al Congreso Nacional a sancionar leyes de organización y base para el sistema educativo.
Es nuestra intención, analizar aspectos de la estrategia política de legitimación planteada por el Ministerio de Educación Nacional y del rol que se propone para el Estado, en tanto la Educación es un derecho constitucional.

La convocatoria. Modos.
El documento oficial para la Ley de Educación Nacional, se presenta con inscripciones tales como “Documento para el Debate”, “Proyecto de Ley de Educación Nacional. Convocatoria a un debate amplio y fecundo”, sin embargo cabe señalar que se convoca a la ciudadanía en general y no se generan espacios públicos para que el colectivo social pueda entablar el debate. Debatir implica instaurar al otro diferente, a esa voz que se pronuncia desde otro paradigma, posicionamiento y en el ejercicio de convencer y convencerme, se logra argumentar y se viabiliza el contra argumento, esa práctica democrática que permite aprender en la heterogeneidad y lograr consensos en libertad y con compromiso. Así, participación implica aprendizaje2.
En similar actitud que la optada en ocasión de la ley Federal, no se consideraron las conclusiones finales del II Congreso Pedagógico sino que se tomaron las conclusiones sólo de Capital Federal, hoy se plantea un llamado a la ciudadanía en general y se abren canales de participación por Internet o prensa escrita, privilegiando la primera, reservándose el derecho de admisión de los aportes que se realicen y sin explicitar los criterios con los que se evaluarán los resultados de la consulta.
Cabe señalarse que según datos del INDEC sólo el 12% de las familias argentinas posee una computadora, lo que no significa Internet, también debe considerarse que la desigualdad de ingresos actuales revela entre deciles el mayor distanciamiento histórico en nuestro país, 37 veces entre el de mayor y el de menor ingreso.
Es conocido que los datos estadísticos presentan medias y que no revelan situaciones particulares, sin embargo en Capital Federal así como en los Departamentos del Sur Santafesino la situación socioeconómica de la población presenta mejores condiciones y por supuesto ello implica acceso a bienes, pero cabe marcar que esta situación no es general y en una sociedad fragmentada, como la nuestra3, se plantea la duda sobre el destinatario de la consulta.
Sin entrar en el análisis sobre la significación de la participación informada ¿A quién se convocó, a todos o a aquellos que están en mejor situación económica para acceder al instrumento de participación?
En consonancia con el estilo político de fuerte centralización, parece dejar de lado al Congreso como instancia pública de representación ciudadana y a los partidos políticos, quienes pueden realmente establecer y obligar al debate o a la consideración de proyectos diferentes, reiterando así, la estrategia de fortalecimiento del pensamiento único.
En cuanto a los tiempos propuestos dispone un cronograma escaso, coincidiendo el mes destinado a la consulta de la ciudadanía con la participación del Equipo de fútbol argentino en el mundial, evento ampliamente publicitado que opacó cualquier otro tema de interés dada la cultura popular y organizando dos jornadas con los docentes para esta discusión, la primera en el mes del mundial y la segunda tres días antes de las vacaciones de julio, en la primera, sin enviar el documento, en la última, éste llega con 24 horas de antelación. Estos datos pueden comprenderse como fallas de organización, pero también pueden avalar las sospechas sobre la estrategia de eludir el debate amplio y generalizado.

Las Temáticas
En cuanto a las temáticas tratadas por el documento, se manifiesta que no se tratan los siguientes temas: financiamiento, gobierno, una modalidad de un nivel educativo como escuela técnica, tampoco la universidad que es parte del nivel superior, mientras si se trata el nivel superior no universitario y para el sector privado promete otra ley4.
Tratándose de una ley de “organización y de base”, se entiende que el Congreso Nacional debe sancionar una ley con aspectos muy generales, considerando principios, estructura académica para la articulación del SE5 general, garantizando derechos, a los efectos de respetar el sistema federal y las autonomías provinciales en educación, reconocidas por el art. 5 de la misma Carta Magna.
La exclusión de un tema como el gobierno de la educación supone la intención de mantener la forma dispuesta por ley anterior. El Consejo Federal es una figura integrada por los Poderes Ejecutivos Nacional y Provinciales, dejando de lado el Poder Legislativo, que es el espacio de representación de todos los sectores de la sociedad, así, no constituye una forma de gobierno que incremente los grados de democracia. El SE argentino experimentó formas de gobierno colegiadas, las que permitieron la representación de los actores del mismo, docentes, padres, Estado, intentando además, dar lugar a grados de descentralización en los Concejos Escolares.
Estas definiciones mantienen una constante en los modos de intervención de los gobiernos justicialistas en Educación, centralizando la definición de la política educativa en el Poder Ejecutivo, quedando sujetas al poder político de turno, incurriendo en el peligro que trató de evitar el legislador con la ley 1420 y otras, disponiendo gobiernos colegiados, con relativa autonomía, para custodiar el derecho a la educación y a las libertades garantizadas en el orden jurídico, distanciándolo de la tendencia a la politización partidaria o a la distribución de saberes doctrinarios o dogmáticos.

El rol del Estado y el derecho a la educación
Bajo el título de “la nueva ley debe garantizar que se cumpla el derecho a una educación de buena calidad para todos” 6 reproduce casi literalmente el art. 4 y párrafos de los art. 2 y 3 de la ley 24.195, definiendo para el Estado un rol subsidiario y no principal.
El Estado en cumplimiento de un deber constitucional para garantizar el derecho a la educación, se convierte en Estado Docente: dirigiendo, planificando, conduciendo, sosteniendo y financiando la tarea educativa7. Sin embargo en este caso, se reserva la competencia para definir las políticas educativas y no se responsabiliza de su efectivo cumplimiento, planteando que las acciones educativas son responsabilidad de las familias como agente natural y primario de la educación, las iglesias, organismos sociales, con la participación del Estado Nacional e instancias Provinciales y Municipales8.

Cuando la responsabilidad se distribuye entre tantos agentes y sin discriminación entre público o privado, o según su envergadura jurídica para garantizar lo que es derecho constitucional, evidentemente se responsabiliza a todos y en consecuencia a nadie como principal. El derecho a la educación como todos los derechos ciudadanos, deben quedar en la responsabilidad del Estado como instancia pública responsable de hacer cumplir el ordenamiento político dispuesto por la Carta Magna y garantizarlo. La efectiva concreción de un derecho no puede quedar en manos del efector, salvo que medie una acción de terciarización de servicios, que en el caso de la educación como de la justicia, no resulta de la experiencia actual, la mejor opción.
El derecho se asienta en el ordenamiento político que resulta de la construcción arbitraria de algún orden, sin embargo el texto del documento, así como la ley Federal, otorgan la responsabilidad de la educación a la familia, fundamentando su posicionamiento en un orden naturalizado. Parece desconocerse así que el status político del ciudadano se sostiene en una construcción social y no natural. No extraña luego, que no se proponga para la discusión el financiamiento ni el gobierno del SE y se justifique esto en una norma de sanción reciente. Además coincidentemente con el sentido de las políticas implementadas, se deja en manos de las instancias menores como las Municipalidades el mayor aporte económico para la educación.
Estas decisiones políticas constituyen un lineamiento fundado en el principio del individualismo metodológico, transfiriendo la responsabilidad a la instancia más cercana al individuo o al individuo mismo. En educación, las políticas implementadas demuestran que cuando esta instancia no tiene capacidad financiera, se recurre a la familia, organismos sociales o se reduce al mínimo la educación. El ejemplo argentino es paradigmático, a partir de la Ley Federal y de no cambiar el texto para la nueva normativa, la familia se hace responsable de financiar lo que el Estado no realiza, las cooperadoras o los padres económicamente capaces sostendrán los gastos de educación, así el derecho deja de ser derecho por perder las dos condiciones de base: la igualdad y la capacidad para el acceso sin que medie condición.
El Estado aquí continúa reservándose la función de evaluar, desertando de su rol de garantía de derechos.

¿A quién educa la reforma?

Como la Ley Federal en su art. 6, educa al “sujeto en su integralidad” y propone educar la “personalidad en todas sus dimensiones: cultural, ética y religiosa”, esta inclusión implica que aún en las escuelas públicas y privadas no confesionales, deberá enseñarse alguna religión o contenidos con orientación religiosa.
Esto atenta contra lo dispuesto por la Constitución Nacional y pactos internacionales que reconocen los derechos a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto, de conciencia y fundamentalmente a formar al niño en el pluralismo, tratando de evitar los dogmatismos fundamentalistas.
La pluralidad es condición y requisito de la democracia, la heterogeneidad cultural instala la necesidad del debate, del discurso y de la toma de decisiones en conjunto.
La laicidad en educación fue uno de los aciertos políticos argentinos que permitieron nuestra integración y la posibilidad de un escenario público para educar al Ciudadano .-


Bibliografía

  • Aguilar, L. Estado Desertor Brasil-Argentina nos anos de 1982-1992. Campinas, SP:FE/UNICAMP; R. 2000.

  • Bobbio, N. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económico, S.A. de C.A. Bs As 1984.

  • Paviglianiti, N. y otros. Recomposición neoconservadora. Lugar afectado: la universidad. Miño y Dávila S.R.L.

  • Bravo, F. Presupuestos de la democratización educacional. En: Cuadernos del Congreso Pedagógico. Nro 6 EUDEBA.

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1 Documento para el debate. Ley de Educación Nacional. Ministerio de Educación, ciencia y Tecnología. Bs. As. 2006.

2 Sirvent y otros. Nuevas Leyes viejos Problemas. Aportes para el debate sobre la ley de educación desde una perspectiva de Educación permanente y Popular. IICE. FFyL UBA.

3 En la Provincia de Santa Fe los departamentos del norte presentan situaciones de extrema pobreza, escuelas que recién este año tienen energía eléctrica. Gobierno de Santa Fe. Publicidad en radios y televisión. Agosto 2006

4 Ibidem. Pág. 47

5 En adelante sistema educativo.

6 Ídem. Índice punto 17, pág. 17.

7 Bravo, F. Democracia e igualdad de oportunidades educativas. Cuadernos del Congreso Pedagógico. Nro 6 Eudeba.

8 Ibidem. Pto 2.3