La Reforma Constitucional en Santa Fe

Por Ana María Raggio (*)

Introducción

Dentro del marco de crisis institucional, política, económica, social que ha vivido la Argentina, cuyas consecuencias aún resuenan en nuestros días, la reforma constitucional pendiente en nuestra provincia de Santa Fe adquiere una dimensión extraordinaria.
La Constitución Provincial, concebida como un proyecto político que debe partir de un análisis consensuado, de un diálogo que incluya y movilice a vastos sectores de la sociedad, se constituye en un reaseguro para el actual sistema democrático.
La importancia de la vigencia de un Estado de Derecho se basa en una organización que institucionaliza la discusión pública y construye consenso, para poder llegar a soluciones justas, soluciones que se dan dentro del marco constitucional, cuando el Estado cuenta con una Constitución rígida, la aplicación de las leyes no es el único mandato al que deben sujetarse los jueces, de esa manera la regla deja de ser la de la mayoría y pasa a ser la supremacía constitucional.
Toda reforma constitucional, intenta evitar la degradación de la democracia conseguida y de las instituciones de la misma, apunta fundamentalmente a la idea de que la política debe tener una base ética y que el poder debe ejercerse con legitimidad.

En la última sesión especial de la Cámara de Diputados, del mes de noviembre de 2004, se logró la aprobación del proyecto del poder ejecutivo que anulaba la Ley de Lemas, la misma dejaba de ser el sistema electoral nacido en 1990, altamente criticado por todos los sectores opuestos al gobierno provincial justicialista, por su falta de legitimidad.
Sin embargo, el cambio de sistema electoral no soluciona plenamente el problema de la crisis de representación, sería ilusorio pensar que el mismo de por sí solo puede saldar las deudas del sistema político con la ciudadanía.
La reforma de cualquier Constitución debe ser producto del acuerdo, dado su carácter permanente.
Nuestra Constitución Provincial data de 1962, la necesidad de adaptar sus contenidos a los postulados de la Constitución Nacional, sobre todo en materia de nuevos derechos y garantías, incorporación de institutos que son hoy insoslayables en las modelos contemporáneos de derecho constitucional.


Análisis de la realidad política Argentina
La realidad política Argentina obliga a un reajuste institucional, que como expresáramos en la introducción va mas allá de una reforma del sistema electoral.
La política se encuentra plagada de paradojas, por un lado esperamos que la misma apacigüe la ansiedad que nos aflige como ciudadanos, y por otro somos concientes de su incapacidad e impotencia para imponerse sobre una sociedad crecientemente autorregulada y un espacio transnacional donde el Estado tiene una capacidad de dudosa eficacia.1
Se discute desde distintas áreas de las Ciencias Sociales, que existe un malestar del ciudadano con la política y ello constituye una de las paradojas de nuestro tiempo.
Dicho descontento ciudadano se relaciona con la forma de “hacer política”, y con el funcionamiento de las instituciones políticas como instancias mediadoras entre los representantes y representados.
Esta afirmación, no solo responde a la sociedad Argentina, sino que es uno de los rasgos comunes a todas las sociedades occidentales -tanto América Latina como América del Norte y Europa, perciben de la misma manera la política-2
La crisis de representación y el consiguiente cuestionamiento a los representantes se puede circunscribir dentro de un contexto mas amplio al que puede ser caracterizado como “pérdida de creencia en la democracia representativa”3
La categoría de la representación política, está anclada dentro de los cánones de las democracias liberales decimonónicas, siguiendo esta matriz de pensamiento la Constitución de Santa Fe, adhiere a la forma de gobierno representativa, declarándolo en el Preámbulo y artículo 1º.
La Constitución de Santa Fe, mantiene el espíritu de la Constitución Nacional del ’53, aggiornada con reformas como la última hace ya cuarenta y cinco años de 1962.
El quiebre de la confianza ciudadana en el campo político, vacía de contenido la representación política, si a esta situación le agregamos que nuestro sistema institucional adolece de instituciones responsables frente a otros poderes- tema profundizado por Guillermo O´Donnell con el planteo de la accountability, o responsabilización concepto acuñado por la CLAD, representación responsable en Giovanni Sartori -, así como la tendencia de los ejecutivos de arrogarse una vez llegados al poder de facultades discrecionales, degradando el valor de la discusión parlamentaria.
El funcionamiento entre los canales de mediación entre el sistema político y la sociedad afecta el concepto de representación política, marcados por una fuerte “oligarquización de los partidos políticos”,así como por una fuerte corporativización de intereses.4
Desde el campo del Derecho Constitucional, Bidart Campos plantea que, cuando los representantes elegidos no responden obligatoriamente a los que los eligen, sino por el contrario, responden a otros poderes no ostensibles, pero que de diversas maneras manipulan y ejercen influencia en la toma de decisiones, quedando estos poderes fuera de todo control, llamándolos “contrapoderes”, se genera una pérdida de confianza en el sistema, y por consiguiente se ve en peligro el Estado de Derecho.
Tomando en cuenta algunas de los problemas señalados, podemos reflexionar acerca de cómo funcionan y como deberían funcionar las democracias representativas, podemos repensarlas dentro del marco de reforma constitucional en Santa Fe, ampliando la participación y cambiando algunos criterios de representación.
A partir de la reforma de 1994, las Constituciones provinciales tienen un piso amplio para incluir un sinnúmero de nuevos derechos y garantías, y si a ello le agregamos los Tratados Internacionales ratificados con rango constitucional, es un motivo mas que suficiente para pensar en el defasaje que existe entre la norma nacional y la provincial.
La complejidad de la vida social y política debe adquirir para el logro de sus fines y permanencia en el tiempo, unidad, organicidad y racionalidad.
Ello se consigue mediante el establecimiento de una Constitución que ordene el sistema de gobierno y formule las pautas para la convivencia social.
La Constitución debe ser el acuerdo de las fuerzas políticas y sociales, ella debe expresar los consensos básicos y fundamentales de una comunidad, y debe ser a la vez instrumento de control del poder, llamado a limitarlo, controlarlo y evitar sus abusos y arbitrariedades.
Gustavo Zagrebelsky, en la obra “El derecho dúctil”, sostiene que las Constituciones contemporáneas intentan poner remedio a los excesos del derecho, las Constituciones tienen como objetivo condicionar, contener, orientar los desarrollos contradictorios de la producción del orden jurídico, generados por la heterogeneidad y ocasionalidad de las presiones sociales que se ejercen sobre el mismo.5
Como venimos sosteniendo la propuesta de una reforma, respetando los artículos 114 y 115 respectivamente de la Constitución de Santa Fe, tiene la finalidad de enriquecer y mejorar las instituciones democráticas.
En los momentos constituyentes, las voluntades políticas de los sujetos políticos se coordinan para la consecución de un objetivo común: dictar principios que estén por encima de los interese particulares de cada uno, permitiendo la convivencia de todos.


 

Propuesta de Reforma
Pasada más de una década de la reforma de la Constitución Nacional y sucesivas reformas en las Constituciones provinciales, es necesaria y urgente una reforma en la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
De acuerdo a la problemática esbozada en el punto anterior resultaría oportuno replantearse alguna de las cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana y con el cambio de instituciones políticas que sostienen el Estado, si bien somos concientes de que no existe reforma institucional que logre controlar la incertidumbre de nuestros días.
El planteo de mayor participación democrática surge a partir de la crisis de representación, es una manera de que los gobernantes tengan en cuenta la opinión de la ciudadanía.
Si bien sabemos que la reforma de la Constitución Nacional en 1994, no ha evitado la descomposición social, política, económica que asolaron al Estado en este nuevo siglo XXI, la Constitución reformada contiene explícitos mandatos para un programa transformador, el problema reside en la devaluación que se hace de la norma constitucional, parafraseando al italiano Norberto Bobbio “la Constitución no tiene la culpa”
El tema de la representación política, me lleva a proponer alguna de las siguientes reformas de la Constitución de la Provincia de Santa Fe:

Poder Legislativo:

Muchas voces se han expresado a favor de la reducción de las dos Cámaras a una sola, es decir pasar del sistema bicameral al unicameral, ella es una de las posibilidades de reforma en nuestra provincia.
La representación en el nivel nacional es diferente al provincial, el Senado representa institucionalmente en la Nación a las provincias.
En la Constitución de Santa Fe, el Senado representa a los Departamentos (19), y se elige uno por el Departamento; mientras que la Cámara de Diputados representa al pueblo, formando al efecto “un solo distrito”-artículo 32-, “le corresponden veintiocho diputados al partido ganador, y veintidós a los demás partidos en proporción a los sufragios logrados”.
Las provincias argentinas están todas en pie de igualdad independientemente del número de habitantes y su importancia económica en la Cámara de Diputados sobre una base poblacional, la diferencia entre Senadores y Diputados no se justificaría a nivel del poder legislativo provincial.
Se deberían establecer 19 circunscripciones, y el número de candidatos deberían elegirse en función del número de la población de cada departamento
Podríamos obtener una agilización y desburocratización de los trámites legislativos.
Las provincias mantuvieron la estructura legislativa de acuerdo al ordenamiento del poder federal, que expresa la Constitución Nacional, pero no están obligadas a reproducir el bicameralismo federal porque en ellas no se repite la misma estructura, por ende en el plano local, que haya unicameralismo, no implica como dice Bidart Campos, la inexistencia de la estructura tripartita del poder.
Las facultades del Poder Legislativo, son indelegables como ya lo señalara en el punto anterior, las facultades legislativas no pueden ni deben ser delegadas al Poder Ejecutivo, bien sabemos que ello da lugar a los poderes excepcionales, y tenemos experiencia sobrada de las consecuencias que traen las normatividades de emergencia.
Para fortalecer el criterio del ejercicio responsable del poder, sería oportuno también, eliminar la inmunidad que tienen los miembros del poder Legislativo en el ejercicio de sus funciones, así como la eliminación de la reelegibilidad en el cargo, artículo 51 de la Constitución Provincial.

Nuevos Derechos : Mecanismos de Democracia Semidirecta
Dada la descripción realizada en el punto anterior, la revitalización de la democracia representativa, puede darse a través de la inclusión en la Parte Primera de la Constitución de dos mecanismos de democracia semidirecta incluidos en la reforma constitucional del ´94, en sus artículos 39 y 40 respectivamente, iniciativa de leyes y consulta popular.
Estos mecanismos permiten incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones colectivas facilitando una participación que va más allá de la intermediación de los representantes, profundizando la deliberación en la búsqueda de consensos y soluciones

Autonomía Municipal:
La Constitución Provincial de 1962, no reconoce la autonomía municipal, dentro del contexto de crisis de la democracia constitucional en nuestro ordenamiento interno, desde una perspectiva institucionalista, es necesario reconsiderar el rol de las autonomías municipales. Los gobiernos locales como instituciones de la democracia constitucional, permiten un proceso de descentralización que puede constituirse en un espacio privilegiado de vinculación profunda entre los procesos de modernización y los de democratización, en un espacio que articule un nuevo tipo de Estado, sociedad y economía.6
A través de los procesos de descentralización se hace posible la participación que permite una redistribución del poder, lo cual puede compensar el divorcio que es ha venido dando entre el sistema de partidos y la sociedad, o bien podría decirse entre la política y la ciudadanía.
La reformulación de las funciones de los gobiernos locales, debe ir acompañada de una consolidación de su rol institucional, y ello requiere una nueva estructura normativa, de allí la necesidad de una reforma de la Constitucional en lo respecta a la autonomía de los municipios, ello requiere recursos acordes con las responsabilidades transferidas y asistencia técnica para reorganizarla capacidad de gestión de los gobiernos locales.
La realidad de nuestra Constitución Provincial, en el plano de la autonomía municipal, es otra muestra más de la distancia entre las normas constitucionales (artículo 123 C.N )y la realidad sociopolítica.

Regionalismo:
El regionalismo que intercala la Constitución Provincial, plasmado en una futura reforma provincial, lograría fortalecer la economía local inserta dentro de la Región Centro, de la cual formamos parte junto a las provincias de Córdoba y Entre Ríos – Tratado de Integración Regional de 1998, 1999-.
Desde los departamentos se podrían impulsar la creación de regiones, donde desempeñan un papel importante los municipios, los cuales constituyen el cemento para construir espacios económicos y políticos originales, y en regiones de la cual Santa Fe forma parte, juegan un papel fundamental fortaleciendo el federalismo.7
Sin lugar a dudas, la prosperidad del mundo moderno es inconcebible de manera aislada y unilateral, con la incorporación de la idea de región se intercala una nueva estructura a nuestro tradicional régimen departamental.

A modo de conclusión
La futura reforma constitucional debe tender a eliminar asimetrías, resguardar los principios y procurar la eficacia de las normas constitucionales en especial aquellas que he intentado resumir en este trabajo, las cuales pretenden facilitar el desarrollo de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia representativa. Este es el gran desafío, más buscar instancias donde se comprometan y tomen parte un amplio espectro de actores sociales.
Mas allá de la puja de intereses, distribución de recursos, resistencias, creemos que es necesario buscar instancias donde se comprometan y tomen parte un amplio espectro de actores sociales.

________________________________________________________

1 VALLESPÍN, Fernando, El futuro de la política, Taurus, Madrid, 2000

2 Véase para ampliar este tema, entre otros los siguientes textos: Ulrich Beck, La invención de lo político; Berger y Luckmann, Modernidad, pluralismo y crisis de sentido

3 CROUCH, Colin, Posdemocracia, Taurus, España, 2004.

4 VALLESPÍN, Fernando, op.cit.

5 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil, Editorial Trota, Madrid, 1999, pág.39

6 BIDART CAMPOS, German, Manual de la Constitución reformada, editorial Ediar, Buenos Aires, 1997

6 FIDYKA, Leopoldo, Desafíos de la autonomía local y la participación ciudadana, Dirección General de Relaciones Municipales de la Provincia de Entre Ríos, Entre Ríos, 2004

7 SABSAY, Fernando, “Municipalismo y regionalización”, en La Gaceta de Económicas, publicación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, mayo, 2005.

Bibliografía:
BIDART CAMPOS, German, Manual de la Constitución reformada, editorial Ediar, Buenos Aires, 1997

BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, Fondo Cultura Económica, México, 1984

BOURDIEU.Pierre, “La delegación y el fetichismo político”, en Cosas Dichas, Buenos Aires, Gedisa, 1988

FIDYKA, Leopoldo, Desafíos de la autonomía local y la participación ciudadana, Dirección General de Relaciones Municipales de la Provincia de Entre Ríos, Entre Ríos, 2004

SABSAY, Fernando, “Municipalismo y regionalización”, en La Gaceta de Económicas, publicación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, mayo, 2005.

VALLESPÍN, Fernando, El futuro de la política, Taurus, Madrid, 2000

ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil, Editorial Trota, Madrid, 1999




(*) Ana María Raggio
Lic. en Ciencia Política - Prof. Adjunta Derecho Político de la U.N.R.
Título original: "La esperada Reforma Constitucional en Santa Fe".